23 mar. 2014

Amar Meziane ha puesto en jaque a la Justicia en Canarias.

Argelino de 47 años, llegó a Vitoria en el 96, y lleva residiendo en Lanzarote desde el año 
98. En el año 2005 empezó a trabajar en la empresa “Construcciones e Inversiones 
Tomarrón”, propiedad del empresario Tomás Armas Rodríguez, realizando labores de 
mantenimiento y obras. Y se ha visto involucrado en el uno de los mayores casos de 
corrupción de España, sólo ensombrecidos por el ‘Caso Bárcenas’ y a la par del ‘Caso Gurtel’ 
y los ‘EREs de Andalucía’. 

Osvaldo García – Lanzarote – Marzo 2013 

 El ‘Caso Unión’, el cual se trasvasó en parte al ‘Caso Jable’, es uno de los innumerables casos 
de corrupción entre la clase política y empresarial en este periodo llamado “crisis”, donde no 
se sabe donde empieza la parte política y donde acaba la parte empresarial de los implicados. 
 El nombre del caso se lo debe al nombre de una cafetería ‘Café La Unión’, el cual se ubica y 
hace referencia a una antigua sede de la UGT y el Partido Socialista en la isla ya desde época 
de la Segunda República, en la zona de La Plazuela en Arrecife, y que fue escenario de la trama 
inicial del caso. Dejando ver así que también se hacen negocios en lugares algo menos 
“glamurosos” como pueden ser yates, campos de golf, etc., que es lo que nos suelen contar en 
la mayor parte de estos casos los medios, y es la realidad palpable a la que está acostumbrada 
esta casta política-empresarial. 
 Pese a que la trama ya había empezado a ser investigada desde el año 2009, no fue hasta el 
año 2011 cuando Amar Meziane se ve implicado en dicha trama. Ya que ese mismo año la 
empresa de Tomás Armas le vuelve a realizar un nuevo contrato, ‘en fraude’ evidentemente 
por la antigüedad que ya lleva el trabajador en la empresa. Amar por esas fechas necesita 
renovar el permiso de “residencia comunitaria”, pero se ve con el impedimento de que no se 
lo pueden dar al no estar dado de alta en la Seguridad Social por parte de la empresa. 
 Para resolver este problema laboral, Amar Meziane se dirige a una de las centrales sindicales 
en la Lanzarote para que le lleve el caso, concretamente UGT. Y primeramente llegan al SEMAC 
donde la empresa no se presenta, pero sin embargo tras la conciliación el empresario decide 
denunciar al trabajador en la Guardia Civil, ya que a parte del trabajo la empresa le había 
facilitado vivienda y el empresario reclama que se le desahucie. La Guardia Civil toma nota y se 
dirige a la vivienda, donde Amar les enseña que mantiene un conflicto abierto con la empresa 
que se encuentra actualmente en los juzgados y, por lo tanto, no puede ser desahuciado hasta que no se resuelva por vía judicial. La Guardia Civil vuelve a tomar nota y decide denunciar al 
empresario, aportando al juicio testigos comprobados. 
 La abogada de UGT ve que el caso se complica, ya que el empresario Tomás Armas Rodríguez 
es un importante empresario en la isla y cuenta con varias empresas de renombre en la isla, 
además de ser hermano de Manuela Armas Rodríguez (PSOE), Presidenta del Cabildo de 
Lanzarote en la época de corruptela y actual Viceconcejera de Educación del Gobierno de 
Canarias, además de accionista de la empresa familiar ‘Cárnicas y Embutidos Chacón’. Como 
reseña, especificar que en la época en que Manuela Armas es presidenta también empieza el 
endeudamiento de la empresa pública de Aguas de Lanzarote (INALSA) con la empresa FCC, lo 
que ha llevado finalmente a su privatización definitiva en el siguiente cambio de gobierno 
adquiriéndola Canal Isabel II. 
 Pese a todo con UGT consigue ganar el juicio y la sentencia, emitida el 14 de diciembre de 
2012, ratifica que el trabajador ha de ser indemnizado por el tiempo trabajado en la 
empresa. Pero el Juzgado no hace cumplir dicha sentencia hasta que no se resuelva la 
totalidad del Caso Unión. Ya hubieron trabas con anterioridad por parte del secretario del 
Caso Unión, ya que intentó ocultar su denuncia el 24 de Enero de 2012, secretario que incluso 
llegó a amenazar al propio trabajador. 
 Tras la sentencia UGT deja al trabajador sin amparo y decide no seguir reclamando que se 
haga efectiva. Amar ve trabas también por parte de este sindicato y decide denunciarlo tras 
quedarse con parte de su documentación original y no poder continuar sus reclamaciones. 
Para ello recurre a un abogado de oficio de los juzgados de la isla. 
 El empresario Tomás Armas está acusado y sus empresas intervenidas, en su imputación se 
le atribuye el “inflar facturas” de obras, que “conseguía que se le adjudicasen”, sobre todo en 
los Centros de Arte, Cultura y Turismo – centros que la mayor parte de ellos son herencia del 
artista César Manrique – en la época en que su hermana, Manuela Armas, era Presidenta del 
Cabildo de Lanzarote, organismo responsable de éstos Centros. En la actualidad los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo se encuentran al borde de la quiebra, donde se ha pensado en 
despedir a parte de la plantilla y donde se mantienen deudas con los Ayuntamientos donde se 
encuentran ubicados, que son Haría, Yaiza y Tinajo. 
 El abogado de oficio ve que el caso se le escapa de las manos, y no ve viable denunciar a UGT 
y seguir reclamando que se aplique la Sentencia ganada por Amar. Es cuando se decide que 
intente llevar el caso un segundo abogado de oficio, el cual en pleno juicio ‘presenta un testigo 
falso’. Entonces Amar tiene que recurrir y pedir una recomendación por parte del Colegio de 
Abogados, no sólo para denunciar a estos dos abogados, sino también, a otros tres abogados 
de oficio más del mismo juzgado que le habían llevado el tema del desahucio de la vivienda de 
la empresa, ante el propio Juzgado de Arrecife. 
 Desde el Juzgado se limitan a ir archivando parte del caso, y dar respuestas falsas y copia de 
comunicaciones sin firmas de ningún Juez del Juzgado. Sólo después de salir en los periódicos 
del día 9 de abril de 2013 la noticia de su denuncia realizada el 7 de marzo, es al día siguiente, 
el 10 de abril, cuando se reúne la Junta y le comunican ‘que denuncien los hechos’, algo más 
que evidente y que ha ya se había realizado ante quienes estaban enviando esa comunicación. 
 Anteriormente a esta comunicación, Amar había planteado el problema también ante la 
Fiscalía, el 1 de abril de 2013, y es donde el trabajador pone en tela de juicio al Juzgado de Arrecife, al exponerlo ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, incluso 
compareciendo ante éste Tribunal en Gran Canaria el 27 de mayo de 2013, y continua 
enviándole la documentación al propio Presidente del TSJC el 2 y el 27 de enero de 2014, 
reclamando ‘indefensión y desamparo’ de la justicia en la isla, tras haber conseguido una 
sentencia favorable en firme el 14 de diciembre de 2012 que sigue sin aplicarse. 
 Hasta el momento el tiempo sigue pasando y ni siquiera el TSJC se ha pronunciado, lo único 
que continúan aflorando son más trapos sucios del Caso y encubrimientos por parte de los 
Tribunales, llegándose a situaciones tan absurdas como que la actual Jueza del Caso Unión, la 
cuarta jueza que instruye el caso, Silvia Muñoz, habrá un expediente al actual secretario del 
Juzgado de Instrucción Número 5 porque han desaparecido pruebas muy importantes de las 
dependencias de la policía judicial – “vigiladas las 24 horas” – , y el secretario se ha tenido que 
querellar contra ella, por prevaricación, porque no ocupaba ese cargo cuando ocurrieron los 
hechos; o que uno de los anteriores jueces del caso, César Romero Pamparacuatro, haya 
tenido que volver para firmar más de 100 autos procesales, y a su vuelta resultara que parte 
de los autos son inventados o no han sido redactados por él. 
 Un caso que ha visto implicados a la mayor parte de Alcaldes y ex Alcaldes de la isla, así como 
al ex Viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias – Francisco Rodríguez Batllori –, la ex 
Presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual Consejera de Educación del Gobierno de Canarias 
– Manuela Armas Rodríguez –, ex Presidenta del Cabildo de Lanzarote –María José Docal –, ex 
Presidente del Cabildo de Lanzarote – Dimas Martín, que llegó a ser detenido estando en la 
cárcel de Tahiche –, los empresarios locales – Luis Lleó, Juan Francisco Rosa, Tomás Armas, ... –
, empresarios o accionistas de empresas canarias como Emalsa, empresarios o altos cargos de 
empresas estatales como Urbaser y FCC y dos letrados del Tribunal Constitucional – Ignacio 
Sáchez Yllera y Ángel Aguallo. 
 Sólo hay que oír en las radios locales y de boca de la propia juez Decana de Lanzarote, Gloria 
Poyatos, quien considera que en esta causa hay “tanto material probatorio que es posible o 
probable que parte se declare nulo”. 
 Pese a todo Amar Meziane no pierde la esperanza, por ello se planta todos los días que 
puede frente a las puertas de los Juzgados de Arrecife, dejando en evidencia la incompetencia 
de de los Órganos Judiciales, con su pancarta con recortes de periódico, que ha ido 
conservando y que hablan de su causa. “Los jueces ya no salen a fumar a la puerta” nos 
afirmar el trabajador, el cual incluso ha sido increpado en la entrada por la propia Silvia 
Muñoz, jueza que instruye el Caso Unión en la actualidad, y ha intentado que Amar sea 
desalojado de la entrada por parte de la policía. Con más fuerza si cabe, Amar Meziane se está 
planteando denunciar su caso ante la Justicia Internacional y que de una vez por todas se 
haga justicia. 

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